La presidenta Cristina Fernández participó hoy de la Segunda Jornada "Justicia en el Bicentenario", en el Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, sostuvo que la independencia del Poder Judicial del poder político y económico es un tema central en el inicio de la tercera centuria de nuestra historia. En su alocución, Cristina Fernández remarcó que "nunca hubo en la República Argentina un ejemplo en cuanto a constitución e independencia de la Corte Suprema de Justicia" como cuando se designó al actual Supremo Tribunal, durante el gobierno de su antecesor en el cargo, el ex presidente Néstor Kirchner. Para Cristina Fernández, "el Poder Judicial debe ser independiente del gobierno, pero nunca de los intereses del Estado" y "su política debe apuntar siempre a la sustentabilidad institucional". "No puede haber una justicia oficialista, pero tampoco una justicia opositora. Sólo debe haber justicia", exigió. En ese sentido, recordó "los intereses que se movilizaron" el pasado verano, en medio del conflicto por el uso de las reservas soberanas para el pago de la deuda externa. "Hubiera sido muy perjudicial, no para el gobierno, sino para el Estado, si esa situación se hubiera congelado y si hubiéramos tenido que recurrir a financiamiento externo o a ajuste" para cumplir con las obligaciones externas, expresó la Mandataria. "Frente al poder económico, la justicia debe tener una independencia mucho más trasparente que frente al poder político", remarcó. También lamentó que en su momento se planteó una medida cautelar para suspender la nueva ley de medios audiovisuales, sancionada por el Congreso de la Nación, y que haya habido magistrados que dieron lugar a ese reclamo. Recordó que, en todo caso, "la función de un juez de la nación es declarar la inconstitucionalidad" de una norma si ésta contradice los lineamientos de la Carta Magna, "pero de ninguna manera restringir" las potestades del Poder Legislativo de la Nación. Por otra parte, elogió "la decisión política de los tres poderes del Estado" al abordar la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Esa decisión significó determinar la inconstitucionalidad de la impunidad", aseveró. La Presidenta recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser juzgados por los jueces de la nación, con todas las garantías", y agregó que "el camino de la democracia es éste, y no el de la venganza". En ese marco, celebró la actitud de Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de creer y pugnar por la justicia. Para la Mandataria, "en una sociedad como la argentina, con el grado de desarrollo institucional que tiene, hubiera sido imposible hacer las cosas que se hicieron sin no hubiera existido un grado de complicidad de la sociedad y de algunos sectores de la justicia". Por eso, recordó que "es cierto que fueron militares los que dieron los golpes de Estado, pero también es cierto que se hicieron en nombre de un proyecto político y económico", expresó. Más tarde, la Jefa de Estado se manifestó "convencida" de que "si se cumplieran las leyes vigentes en el Código Civil y el Código Penal tendríamos una sociedad más segura". Acompañaron a la Presidenta en el acto el secretario general del la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumatto; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zafaroni; el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano; y el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia.
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