martes, 18 de septiembre de 2018

Cristina en Cdoro Py

El escrito completo que entregó la ex presidenta CFK se presentó ante el juez Casanello Cristina Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la indagatoria a la que fue convocada por el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa que se conoce como “La ruta del dinero K”. La ex presidenta no respondió preguntas ante el magistrado y se limitó a presentar un escrito en el que advirtió sobre la irregularidad de su convocatoria y remarcó que es “una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses”.
El texto completo de la presentación de CFK: Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 3017/2013, caratulada “BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO…” del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, manteniendo domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º “A” de esta ciudad, a V.S. digo: 1. En el día de la fecha comparezco ante este Juzgado a efectos de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que los medios de comunicación hegemónicos han denominado “La ruta del dinero K”. Sin embargo, esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional. Para que se entienda, como lo reconoce expresamente V.S., “nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor” y no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento. Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso. En suma, una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un “proceso ofensivo” en el cual, como señala Beccaría en su reconocida obra De los delitos y de las penas, en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso. 2. Sin embargo, lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido. Ello no es una elucubración de mi parte, sino ha quedado debidamente documentado en la causa cada vez que el Poder Ejecutivo de la Nación -a cargo de Mauricio Macri-, por medio de los dos órganos constituidos en parte querellante (la UIF y la OA, esta última a cargo de la no abogada Laura Alonso), intentó forzar tal decisión. En efecto, el 8 de mayo de 2017, ante un recurso de apelación interpuesto por la UIF en contra del decreto que no hizo lugar al pedido de que fuera indagada, V.S. puso en claro que tal presentación no solo contenía graves errores de hecho y de derecho que impedían proceder en la forma requerida, sino antes bien ponía en evidencia el “modo temerario” en que se había conducido el organismo del Poder Ejecutivo de la Nación. A esos efectos, de manera ilustrativa, V.S. comparó la forma como la UIF utilizaba dos criterios contradictorios según quién fuera la persona a quien se quería imputar: si la perseguida era Cristina Fernández de Kirchner, ella debía ser indagada aun cuando ni siquiera existiera un hecho concreto que atribuirle. En cambio, cuando el investigado era el propio Mauricio Macri, la UIF se posicionó como su abogado defensor, se opuso al fiscal y arguyó que no podía avanzarse en una investigación en contra de su jefe si no era consignada “una descripción de hechos a investigar que presumiblemente podrían constituir una hipótesis de lavado de activos (…). No debe perderse de vista que la Jurisprudencia ha calificado a los requerimientos de instrucción genéricos y/o imprecisos como excursiones de pesca, inaceptables en un estado de derecho” (presentación del Dr. Mariano Federici, de fecha 17 de febrero del corriente año, en la causa Nº 3.899/2016, caratulada “MACRI, Mauricio y otros s/ infracción art. 303” del registro de la Secretaría nº 14). Así las cosas, en cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expedientehubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario. Veamos. En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra. En este sentido me permito hacer referencia a las resoluciones firmadas por dicho magistrado con fecha 31/05/2017, 25/10/2017, 27/11/2017 y 06/02/2018 y que fueron ampliamente publicitadas por el Centro de Información Judicial (CIJ) -conducido por el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti-, con los siguientes títulos: – La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero – La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner – La Cámara Federal pide a Casanello que responda la solicitud de que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero – La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero Finalmente, como la operación de pinzas (el Poder Ejecutivo por un lado e Irurzun por el otro) no daba los resultados esperados, el 31 de agosto de 2018 la Cámara de Apelaciones -como se dijo, violando la ley procesal- ordenó mi citación a prestar declaración indagatoria, sin precisar ni los hechos ni el derecho en que fundaban tal decisión. 3. Ahora bien, como ha quedado debidamente registrado en autos, me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder. En esa línea, y como la Cámara ha hablado genéricamente de que sería coautora de todas las maniobras por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez -de cuyo patrimonio además y también según la Cámara, sería la dueña-, a continuación me ceñiré a dar respuesta a los hechos que fueron enumerados en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal en contra de Báez y otros litisconsortes el día 24 de noviembre de 2017. Veamos. 4. Según relata el fiscal, se investiga en esta causa una estructura que supuestamente canalizó fondos de origen ilícito suministrados por Lázaro Báez, a través de: i) un proceso de expatriación y repatriación parcial de una suma cercana a sesenta millones de dólares; ii) la adquisición de bienes y servicios. Así se asegura que “desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”. Para una mayor claridad expositiva, sistematizaré cada uno de los hechos concretos referidos en la acusación e indicaré a continuación todo cuanto sé y puedo responder al respecto. Hecho 1. La conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico bajo apariencia de licitud, al menos entre los años 2010 y 2013. La maniobra se habría llevado a cabo para expatriar una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego reintroducir parte de los fondos en el mercado local a través de operaciones financieras, destacándose particularmente la transacción de bonos de la deuda pública argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en el patrimonio de Austral Construcciones S.A. No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma. Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes. En definitiva, la manera transparente en que hemos administrado nuestro patrimonio les permitió a los “no jueces” que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliaresque no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios. Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado. En suma, podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno. Hecho 2. La fuga al exterior de parte del capital presuntamente espurio atribuido a Lázaro Báez habría sido facilitada a través de la firma SGI Argentina S.A. A través de esta financiera habría tenido lugar un proceso de ocultamiento de dinero que luego, con la intervención de otras instituciones, era remitido al extranjero. Según se afirma, para la confluencia de los fondos ilegítimos se crearon, adquirieron y utilizaron personas jurídicas e instrumentos financieros radicados en Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y posiblemente Liechtenstein, entre ellas: SGI Argentina S.A., “Fondation Kinsky”, “Tyndall Limited Inc”, “Wodson International SL”, “Teegan Inc”, “Fromental Corpo”, “Markenting and Logistic Management S.A.”, “Sambers Hantarex Spain SL”, “Helvetic Services Group SA”, “Cono Sur Properties & Real Estate Corp”, “All Fashion Jewellery and Accessories, Import and Export. Corp” y “Open Port. Inc”. Luego se habría llegado a cabo un proceso tendiente a reingresar al país una suma cercana a los U$S 32.800.000, mediante una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en la Confederación Suiza que fueron liquidados en el Mercado de Valores de Rosario. Desconozco por completo los hechos que se relatan y tampoco existe ningún elemento de prueba que permita sostener lo contrario. Debo agregar que la familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta. Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno. Por otro lado debo destacar que jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un “aportante financiero arrepentido” al Frente para la Victoria. En síntesis, si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de “La ruta del dinero K” debió ser denominada “La ruta del dinero M”. Hecho 3. La adquisición, con fecha 16 de diciembre de 2010, de cinco inmuebles ubicados en el departamento de Tunuyán, Mendoza, que en conjunto conforman la estancia “El Carrizalejo”. Desconozco esta operación, no he participado en ella ni surge de ningún elemento de la causa algo que permita afirmar lo contrario. Hecho 4. La compra, con fecha 4 de enero de 2011, del rodado BMW X6, dominio JMK672. La adquisición y utilización de un vehículo Ferrari California, dominio INP622, denunciado como vendido el 4 de enero de 2010. La adquisición de un vehículo Ferrari 430, modelo 2007, dominio GUA681, circunstancia de la cual se tomó conocimiento a través de un ROS generado por La Holando Sudamericana Cía. De Seguros S.A. La adquisición el día 21 de enero de 2011 -y posterior venta- de un automóvil Porsche, modelo Carrera, dominio EWT740. La adquisición, con fecha 7 de febrero de 2011, de un automóvil marca Mini Cooper. La adquisición, con fecha 14 de abril de 2011, de un rodado marca Audi dominio JMV167. La adquisición del vehículo Porsche 911 Targa 4 S-2010, dominio HER037, circunstancia de la cual se tomó conocimiento a partir de un ROS generado por La Holando Sudamericana Cía. de Seguro S.A. La compra del automóvil marca Audi R8 Spider, dominio KEN326, inscripto mediante formulario 01 Nº 3977205 el día 22 de abril de 2011. El intento de adquirir, con fecha 26 de marzo de 2013, dos vehículos marca Mercedes Benz modelos C63AMG Coupé y SLK250be automático. Desconozco por completo todas estas operaciones comerciales. Debo agregar que la familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama. El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadío de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción. Hecho 5. La adquisición del 10 % de las acciones de las firmas Global Development Consultants Inc. y Global Investments Inc., mediante un boleto de transferencia de acciones fechado el 17 de marzo de 2011. Jamás tuve noticia de la existencia de aquellas sociedades ni mucho menos participé en la operación de compraventa de acciones a la que se hace referencia. Hecho 6. El depósito de USD 90.000 en la cuenta bancaria del Standard Bank Argentina S.A Nº 8171110141764, con fecha 23 de marzo de 2010, los cuales fueron luego detraídos parcialmente en efectivo y transferidos a otra cuenta. Jamás tuve ningún depósito en la entidad bancaria antes referida ni mucho menos efectué retiros de la cuenta a la que se hace mención. Hecho 7. La aplicación de fondos de procedencia ilegal para solventar gastos de la fiesta de casamiento entre Jorge Leonardo Fariña y Karina Olga Jelinek. La adquisición del departamento sito en Av. del Libertador 2423, piso 22 de esta ciudad, en el cual habitó Jorge Leonardo Fariña. La promoción de manera ardidosa y fraudulenta de un reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación (SECLO), con la pretensión de que por esa vía Fariña recibiera dos inmuebles sitos en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Conozco a los nombrados sólo por referencias que se hacen de ellos en los medios de comunicación. No fui invitada a su fiesta de casamiento y de haberlo sido no hubiera concurrido, ya que jamás ha sido mi costumbre participar de eventos de la farándula. En cuanto al inmueble y al juicio a los que se hace referencia, jamás tuve con ellos ningún tipo de contacto y, en rigor de verdad, me entero de su existencia al haber sido informada por mi defensa de algunas constancias de esta causa. Hecho 8. La realización de depósitos y transferencias en la cuenta corriente en pesos Nº 382.121/8 del Banco Santander Río de titularidad de SGI, entre los años 2009 y 2010, sin presentarse a tal efecto suficiente documentación respaldatoria. La realización, entre los años 2008 y 2009, de operaciones en la cuenta Nº 53556-001 sin contar con suficiente documentación respaldatoria. La realización, a través de la firma SGI, de operaciones de descuento de cheques de pago diferido sin que se emita como contrapartida el pago de los documentos descontados. La realización de operaciones cambiarias que no fueron registradas, según el ROS emitido por el BCRA el 1º de noviembre de 2011. La realización de operaciones de compra y venta de moneda extranjera, a través de la sociedad SGI, sin ser una entidad autorizada, emitiendo comprobantes en forma de boletos. No tengo conocimiento de tales operaciones ni mucho menos participé de manera directa o indirecta en las mismas. 5. Sentado cuanto precede, salta a la vista la extraordinaria gravedad institucional que representan los hechos que estamos viviendo. Concretamente, a instancias del Poder Ejecutivo de la Nación –a cargo de Mauricio Macri-, la Cámara de Apelaciones me obliga a prestar declaración indagatoria en una causa en la cual de manera manifiesta nada tengo que ver. Repito, ello no solo es una apreciación de mi parte, sino ha sido debidamente fundamentado en múltiples resoluciones dictadas por el juez competente (ver fs. 30.963/30.965, 31.432/31.435, 34.587/34.962, 36.213/36.223 y 36.903/36.907). Por ende, cuando la jurisdicción actúa fuera de la ley, falta a su deber de imparcialidad e interviene en cuestiones con una inocultable finalidad política, no solo se está generando un perjuicio en mi contra, sino que ello constituye un factor de grave descrédito del servicio de administración de justicia. 6. Lamentablemente, el fenómeno que vivimos tiene un carácter regional en Latinoamérica y ha sido calificado por el profesor Luigi Ferrajoli, uno de los máximos exponentes a nivel mundial del iuspositivismo crítico, como “una agresión judicial a la democracia” (ver la nota publicada en el siguiente portal: https://www.elcohetealaluna.com/una-agresion-judicial-a-la-democracia-brasilena/). En este sentido, las reflexiones que formula el profesor Ferrajoli al analizar la situación que se da en Brasil con relación al proceso judicial seguido en contra de Lula Da Silva, constituyen una descripción, cambiando los nombres propios, casi perfecta de lo que viene ocurriendo en la Argentina, a saber: “Pero no sólo fueron violados los derechos [d]el ciudadano Lula. La víctima ha sido todo el proceso judicial, con sus innumerables lesiones a los principios del debido proceso… La total falta de imparcialidad de los magistrados que promovieron y realizaron el proceso contra Lula revela el sentido no jurídico sino político de todas las actuaciones. Este partidismo fue favorecido por una característica singular e increíble del proceso penal brasileño: la falta de diferencia y separación entre acusador y juez, y en consecuencia la figura del juez inquisidor que instruye el proceso… A este absurdo sistema institucionalmente inquisitorial los jueces añadieron celo partidista y arbitrariedad, de los que señalaré tres aspectos. El primer aspecto es la campaña de prensa orquestada desde que empezó el proceso contra Lula, alimentada por el protagonismo del juez de primera instancia, quien ha difundido actos que estaban en secreto del sumario y ha concedido entrevistas en las cuales se pronunció antes del juicio en contra de su imputado, en busca de una legitimación indebida en el consenso popular y no en la sujeción a la ley […]En todos los países civilizados, semejante adelanto de opinión es motivo obvio e indiscutible de excusación o de recusación, dado que revela una hostilidad y un prejuicio incompatibles con la jurisdicción… El segundo aspecto de la parcialidad de los jueces -y al mismo tiempo, la característica típicamente inquisitorial de este proceso- consiste en la petición de principio, por la cual la hipótesis acusatoria a probar, que debería ser la conclusión de razonamiento inductivo, sostenido en pruebas y no desmentido por contrapruebas, forma en cambio la premisa de un procedimiento deductivo que asume como veraces solo las pruebas que la confirman y como falsas aquellas que la contradicen. De ahí el curso tautológico del razonamiento probatorio, en el cual la tesis acusatoria funciona como criterio de orientación de la investigación, como un filtro selectivo de la credibilidad de las pruebas y como clave interpretativa de todo el material procesal. Por ejemplo: los diarios brasileños informaron que el ex ministro Antonio Pallocci, bajo prisión preventiva, había intentado en mayo último una “delación premiada” para obtener la libertad, pero que su solicitud fue rechazada porque no incluía ninguna acusación contra Lula y Dilma Rousseff sino sólo contra el sistema bancario. Pero el 6 de septiembre, ante los fiscales, el mismo imputado proveyó la versión apetecida por la fiscalía para conseguir la libertad. Por el contrario, fue totalmente ignorada la deposición de Emilio Odebrecht, quien el 12 de junio declaró al juez Moro que nunca había donado ningún inmueble al Instituto Lula, como presumía la acusación de corrupción. El tercer aspecto de la falta de imparcialidad es el siguiente: los jueces aceleraron el momento del juicio para llegar a la sentencia final lo antes posible y así, de acuerdo con la ley `Ficha limpia`, evitar que Lula, quien sigue siendo la figura más popular de Brasil, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Esta es otra pesada interferencia judicial en la esfera política, que mina de raíz la credibilidad de la jurisdicción. Por último, es innegable el nexo entre los ataques a los dos presidentes artífices del extraordinario progreso social y económico de Brasil -la ausencia de fundamentos jurídicos de la destitución de Dilma Rousseff y la campaña judicial contra Lula- que hace de su convergencia una operación única de restauración antidemocrática. En estos días, esa operación contó con el amenazante apoyo de los militares, que está destrozando al país de un modo difícil de reparar. La indignación popular se expresó y se seguirá expresando en manifestaciones masivas”. 7. Por todo lo expuesto, a V.S. digo: a. Se tenga por efectuada esta presentación en los términos previstos por el art. 294 del ordenamiento de rito y se la incorpore como parte de la declaración que se me recibe en este acto. b. A todo evento, en virtud de las garantías constitucionales invocadas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. Tener presente lo expuesto, SERÁ JUSTICIA.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Asi quedó la casa de Cristina tras los allanamientos de Bonadio

Indignante la persecución sin una sola prueba.

Cristina recibe cartas de empleadas despedidas

Acabo de aterrizar en Calafate y el primer mensaje que me entra en el celu es de mi sobrina Romina. Casi me pongo a llorar. Enseguida y en el mismo mensaje me entran tres fotos. La primera la portada de la carta que acompaña el regalo. La segunda su texto. La tercera foto es la camisa que Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe, ex empleadas de Chocolate me compraron juntando, entre todas, la plata en ese mismo momento para hacérmela llegar con Romina. Para Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe: Gracias por la camisa y por tanto amor. Les juro que van a volver a tener trabajo, esperanzas y sueños. Cristina.
3/9 EN CDORO PY

viernes, 24 de agosto de 2018

Cristina recibe apoyos

El apoyo de Madres de Plaza de Mayo a CFK durante los allanamientos: "En ese abrazo afectuoso que le dimos también estamos defendiendo la democracia de nuestro país"

lunes, 13 de agosto de 2018

Cristina llegó a los tribunales de Comodoro Py

Cristina ya está en Cdoro Py
Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del #Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI. Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa. Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri. Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública… Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas. Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país. A continuación, les dejo los escritos que presentaremos el día de hoy. Presentación. Litispendencia. Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, constituyendo domicilio en en Av. Santa Fe 1752, 2° “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria, vengo a deducir como excepción de previo pronunciamiento la de falta de acción por litispendencia. En consecuencia, previo trámite de ley, requiero que se remitan estos actuados al Juzgado Nº 10 del fuero, donde se encuentra radicada la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 2. Una vez que se encuentre resuelta la presente excepción, así como también los planteos articulados por mi defensa habré de dar una respuesta puntual a los cargos que se me efectúan, los cuales desde ya niego de manera terminante. 3. A efectos de contextualizar este planteo, en primer lugar habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015. Luego haré una breve referencia sobre el inicio y desarrollo de esta causa y, finalmente, expondré las razones que sustentan la excepción articulada. 4. En virtud de las cuestiones constitucionales que se encuentran involucradas en este caso y de su gravedad institucional, desde ya anticipo que, de ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II. La persecución judicial A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional. Aunque parezca mentira, se pretendió judicializar hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante los gobiernos que tuve el honor de presidir, el manejo acordado a las relaciones internacionales de la Argentina con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados, como establece la Constitución Nacional, por las leyes de presupuesto votadas anualmente por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria fuese eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha conectado a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los cuales, para infringirme un mayor daño, fueron imputados mis hijos y otros miembros cercanos de mi familia. Todo ello, bajo la cobertura de un gigantesco aparato de propaganda montado por los medios de comunicación hegemónicos cuyos intereses mezquinos habían sido puestos en riesgo a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera impulsada y sancionada durante mi administración. Un breve raconto de los procesos judiciales que fueron abiertos permitirá dimensionar la gravedad de cuanto vengo afirmando. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 presté declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. Como la aplicación de la ley y la búsqueda de la verdad nada tienen que ver con la tarea que se desarrolla V.S., en dicho expediente fui procesada, embargada y, entre otros abusos, fui obligada a viajar miles de kilómetros para cumplir diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en mi lugar de residencia en la ciudad de Río Gallegos. Luego, violentándose de manera grosera las pautas reglamentarias establecidas en materia de asignación de causas judiciales, en el mes de abril de 2016 se formó el expediente conocido públicamente como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). En rigor de verdad, se trataba nada más ni nada menos que de un caso mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este Juzgado hasta que su titular, como consecuencia de las barbaridades procesales perpetradas, fue separado de su conocimiento. Pese a los planteos efectuados, Bonadío logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a perpetrar los mismos ritos delictivos que caracterizan su actuación: ordenó allanamientos ilegales, permitió (por acción u omisión) que se robara documentación en el marco de tales registros domiciliarios para que la misma fuese entregada a una de mis denunciantes seriales, quien la utilizó para seguir iniciando expedientes ilegítimos en mi contra, convocó a decenas de personas (incluidos mis dos hijos) a prestar declaración indagatoria, intervino sociedades (entre las que se encontraban medios de comunicación críticos al actual gobierno), dictó procesamientos, trabó embargos millonarios e incluso ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de mi familia bajo la espuria y falsa fundamentación de que había querido violar una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico (la “intervención” de un condominio). Después de cometer todas estas graves arbitrariedades el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero, reconociendo en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas que jamás estuvo legitimado para intervenir en dicho proceso. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” fui procesada por Bonadío en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Esta última conducta se habría desarrollado durante los tres mandatos presidenciales y habría tenido como finalidad recibir dinero como ilegítima contraprestación por el otorgamiento de concesiones de obra pública. Tanto ha sido todo este disparate que incluso mi hija Florencia fue imputada como organizadora de la banda criminal, sin siquiera repararse que al inicio de la supuesta maniobra ella tenía tan solo doce años. Por otro lado, Bonadío, utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo inició una nueva investigación en mi contra, ahora por el delito de traición a la patria, llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadío dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida. En esta ocasión y con la clara y manifiesta intención de que no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires me había conferido como Senadora de la Nación, el 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de mi banca- V.S. pidió mi desafuero para proceder a mi detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que la suscripta carecía de fueros parlamentarios, V.S. nunca pidió mi detención pese a haberme procesado en dos oportunidades, una de ellas por el supuesto delito de asociación ilícita. Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado, emplazado así en la insólita posición de juez enemigo, lo cierto es que en otro Juzgado de este fuero también se desarrollaron otras investigaciones de similares características y que además resultan previas. En primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. En ella se investiga, una vez más, los supuestos vínculos delictivos entre los funcionarios del anterior gobierno y un grupo de empresarios a los cuales se les asignaron contratos de obra pública. Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Precisamente, en virtud de la nueva condición asignada al expediente Nº 15.734/2008 en el mes marzo del año 2016 la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014) fuera remitida al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. Por otro lado, también por razones de conexidad tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016 (expediente de la “Obra Pública”). Aquí fui procesada por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- la misma asociación ilícita que se me imputa en los otros expedientes. En síntesis, como puede apreciarse, desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015. III. La presente causa A partir del 1º de agosto del corriente año, los argentinos nos enteramos de la existencia de una nueva causa penal en la que eran detenidas decenas de personas y se realizaban una multiplicidad de allanamientos. Estas medidas, pese a haberse ordenado el secreto de las actuaciones, eran divulgadas en tiempo real por los medios de comunicación. Incluso, estos mismos medios difundían el momento preciso en que las personas eran capturadas, ilustrando las diligencias con videos y fotos cuyo origen no podía ser otro que el de las propias instituciones que intervenía en las diligencias. Todo ello se había iniciado, según nos contaron, a raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según se relata, Bacigalupo, en un “acto de patriotismo” se habría apropiado de los cuadernos y se los habría entregado a un periodista del diario La Nación, a saber, Diego Cabot, quien por lo que se informa y no fue desmentido tendría estrechas relaciones con la alianza gobernante. A este pasamanos inicial que habría tenido lugar en el mes de enero del corriente año se le sucedieron otros episodios no menos llamativos, a saber: a. Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe. b. Dos meses más tarde, ante el reclamo efectuado por Bacigalupo, Cabot le habría devuelto los cuadernos, habiendo obtenido previamente fotocopias del material. c. Después de haber devuelto los cuadernos originales y contando ahora sólo con sus fotocopias, Cabot tomó la decisión de informar el hecho a la justicia. Sin embargo, ello ocurrió de una manera bastante particular, ya que en lugar de presentar una denuncia como hace cualquier ciudadano se contactó, no sabemos bien cómo, con el fiscal Carlos Stornelli, quien se mostró extraordinariamente interesado en el caso, requiriéndole que el material sólo se lo dieran a él. d. El fiscal, ya con las fotocopias de los cuadernos en su poder, tampoco cumplió con el procedimiento legal correspondiente, a saber, hacer la denuncia para que se sorteara el juez competente que debía intervenir en el hecho. Por el contrario, en forma discrecional eligió a Bonadío bajo el pretexto de que ya existía una causa judicial que habilitaba su trabajo en común. e. Elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas. En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta. f. Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita. IV. Litispendencia 1. Sentado cuanto precede, surge con total evidencia que Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita, conducta por la que ya me encuentro perseguida en la causa Nº 15.734/2008, hoy denominada “causa madre” y procesada en las causas Nº 3732/2016 (“Los Sauces”) y Nº 5048/2016 (“Obra pública”). Además, sobre la misma asociación ilícita también se ha hecho mérito en la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), en la que estoy procesada por el delito de lavado de activos en concurso real con la figura prevista en el art. 210 del Código Penal. Así las cosas y sin perjuicio de los planteos efectuados por mi defensa, resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior. Concretamente, i) en la causa 15.734/2008 me encuentro imputada como jefa de una presunta asociación ilícita que conformara con el Dr. Néstor Carlos Kirchner, otros funcionarios del anterior gobierno y empresarios amigos, beneficiarios de concesiones estatales y contratos de obra pública; ii) en la causa Nº 3732/2016 fui procesada por ser la jefa de una presunta asociación ilícita desarrollada en el mismo período (años 2003 a 2015) y cuyo objeto sería apoderarse de dineros estatales junto con empresarios afines; iii) en la causa Nº 5048/2016 también fui procesada por ser la jefa de una supuesta asociación ilícita cuya actividad coincide en modo, tiempo y espacio con la que fuera definida en los expedientes anteriores. Ahora, en esta causa Nº 9608/2018 vuelvo a ser perseguida por la misma conducta, que se superpone con la imputación efectuada en los tres procesos anteriores. En síntesis, pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa. Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio. Para que se entienda, estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI. A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política. Si se repasa lo que he relatado en el capítulo anterior se comprenderá que “Hotesur”, “Dólar Futuro”, “Obra Pública”, “Los Sauces”, “Memorándum de Entendimiento con Irán” y ahora, “Obra Pública II” o la “Causa de los Cuadernos” componen una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos. 2. Por otro lado, como dato definitorio, debo recordar que la relación de litispendencia existente fue expresamente reconocida por el propio Bonadío en el marco de la causa “Los Sauces”. Concretamente, en la misma resolución en la que me procesó como jefa de la supuesta asociación ilícita se declaró incompetente para continuar al frente de la causa y ordenó su remisión al Juzgado Federal Nº 10. A tal efecto sostuvo lo siguiente: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Tal pronunciamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones del fuero y, en consecuencia, la causa “Los Sauces” fue remitida al Juzgado Nº 10. En definitiva, si Bonadío quiere perseguirme y hostigarme, al menos debería saber un poco de derecho o simplemente tener algo de memoria, cualidades que, por lo visto, no posee. 3. Por lo demás, seguramente el planteo aquí deducido será presentado ante la opinión pública por la prensa hegemónica como una estrategia para no declarar o bien para embarrar la cancha. Ello es absolutamente falso. En este sentido debo recordar que en el marco de la causa de “Obra Pública” (Expte. Nº 5048/2016) conexa a la “causa madre” (Expte. Nº 15.734/2008) desde hace más de dos años vengo requiriendo que se lleve a cabo una investigación integral de toda la inversión en obra pública que se desarrolló entre los años 2003 y 2015, pero no como se intentó hacer en ese proceso, tomando una única provincia y un único contratista, sino a todas las jurisdicciones y respecto de todas las empresas. Es más, si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, incluso la investigación debe alcanzar hasta el presente. En verdad, resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`. Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas. Además, también es imprescindible que se analice el manejo de la obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el PRO viene gobernando desde hace más de una década. En definitiva, lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda. V. Petitorio Por todo lo expuesto, solicito: 1. Se incorpore esta declaración en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria. 2. Se dé trámite a la excepción de litispendencia articulada. 3. Se haga lugar al planteo y, en consecuencia, se remita el proceso al Juzgado Federal Nº 10 para su acumulación a la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 4. Se tengan presentes las reservas efectuadas. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA. AGOSTO 13, 2018 Planteo de nulidad Planteo de nulidad. Presentación del Dr. Carlos Alberto Beraldi. Señor Juez: Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, en mi carácter de abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752, 2º piso “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en los términos previstos por el art. 166 y siguientes del ordenamiento de rito vengo a promover el presente planteo de nulidad. A mérito de los argumentos fácticos y jurídicos que serán desarrollados en esta presentación y en función de las pruebas requeridas en su capítulo V, desde ya solicito que se declare la invalidez de todo lo actuado en este proceso. 2. Asimismo, por los fundamentos que serán brindados peticiono que oportunamente se extraigan testimonios de las presentes actuaciones a efectos de investigar la posible comisión de los delitos que se habrían perpetrado en el marco del trámite de este expediente. 3. En virtud de la naturaleza de este planteo y de las consecuencias que habrán de desprenderse del mismo, a través de dos presentaciones independientes habré de requerir el inmediato apartamiento tanto del fiscal como del magistrado que intervienen en la causa. 4. A todo evento, en virtud de las garantías constitucionales vulneradas y la enorme gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II.- Aclaración preliminar Según enseña la más calificada doctrina, uno de los objetivos fundamentales de la investigación penal consiste en esclarecer la verdad de los hechos que son denunciados. Por tal razón, los deberes impuestos por la ley a los magistrados y funcionarios judiciales se dirigen, precisamente, a garantizar que la tarea de reconstrucción histórica sea llevada a cabo en base a los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, impidiéndose así que la misma quede a merced de cualquier tipo de especulación, manipulación o interés subalterno. Como se explicará en los siguientes apartados, el planteo que aquí introduzco no solo se dirige a colocar este proceso en un marco de legalidad -del que se ha visto privado desde su inicio- sino fundamentalmente busca que se lleve a cabo una verdadera investigación judicial sobre hechos que han tomado gran repercusión pública y que se vinculan con la posible comisión de graves delitos. Ahora bien, debo enfatizar que este segundo propósito perseguido por la parte que represento (la búsqueda de la verdad) no se originó a partir de esta nueva citación a prestar declaración indagatoria. Muy por el contrario, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ya en el año 2016 y en el marco de la causa Nº 5048/2016, públicamente conocida como el expediente de “Obra Pública” solicitó en reiteradas oportunidades que se investigaran todas las contrataciones que en materia de obra pública se llevaron a cabo entre los años 2003 y 2015. No sólo eso, la bancada de diputados del espacio político que lidera la ex Presidenta de la Nación presentó e impulsó un proyecto de ley por el cual se creaba una comisión bicameral de investigación de la obra pública realizada entre los años 2003 y 2015. Concretamente, mi representada, en su primera presentación en las actuaciones de referencia, señaló que para determinar o descartar una supuesta matriz de corrupción debía necesariamente investigarse toda la inversión que en materia de obra pública se había ejecutado durante el período aludido. Lamentablemente, hasta aquí tan elemental planteo no sólo no fue atendido, sin que se brindara para ello ninguna razón jurídica valedera, sino que además se rechazó el planteo en todas las instancias judiciales. Pareciera ser que sólo se quería investigar a una única y determinada empresa contratista y, también, en una única y determinada provincia. Por ende, resulta cuanto menos llamativo que, casi dos años después, se haya abierto súbitamente este nuevo proceso, en el cual se pretende abordar una investigación de iguales o similares características a la que fuera reclamada por mi parte. Empero, lo que deviene aún más desconcertante y sospechoso es que para llevar a cabo tal supuesta tarea se vuelva a recurrir por cuarta vez a la imputación de una presunta asociación ilícita que ya se encuentra investigada en tres expedientes judiciales en trámite por ante este fuero. Es más, uno de esos expedientes se inició en este mismo Juzgado y en la resolución en la que se dictó el procesamiento de mi defendida por el presunto delito de asociación ilícita, V.S. se declaró incompetente, remitiendo la causa al Juzgado Nº 10. A tal efecto brindó una extensa explicación, justificando las razones por las cuales no le correspondía seguir investigando ese delito, pronunciamiento que además fue, por si fuera poco, ratificado por la Cámara de Apelaciones. III.- El planteo de nulidad A. Antecedentes A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación mi representada ha sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante su gobierno, el manejo de las relaciones diplomáticas de nuestro país con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria sea eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha pretendido conectar a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los que también incluso se llegó a imputar a los hijos de mi representada y a otros miembros cercanos de su familia. Veamos. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 la Dra. Kirchner prestó declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. En este expediente fue procesada, embargada y, entre otras arbitrariedades, obligada a viajar miles de kilómetros en dos oportunidades para cumplimentar diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en su lugar de residencia en la ciudad de Rio Gallegos. También en el mismo mes de abril de 2016 y violentándose todas y cada una de las pautas establecidas en materia de asignación de causas, se formó el expediente conocido como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). Se trataba nada más ni nada menos que de un expediente mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este mismo Juzgado hasta que V.S., como consecuencia de las nulidades procesales acaecidas, fue separado del conocimiento de esa causa por la Cámara de Apelaciones. Pese a los planteos efectuados por las defensas, el titular de este Juzgado logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a realizar las mismas arbitrariedades que había cometido en la causa “Hotesur”: se ordenó una infinidad de allanamientos, se convocó a prestar declaración indagatoria a decenas de personas (incluidos los dos hijos y la sobrina de mi mandante), se intervino sociedades comerciales (varias de las cuales administran medios de comunicación que siguen una línea editorial crítica del actual gobierno), se dictaron procesamientos, embargos millonarios e incluso se ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de la familia Kirchner bajo la falsa fundamentación de que había violado una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico: la “intervención” de un condominio. Después de cometer todas estas arbitrariedades, el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” la Dra. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y también de asociación ilícita. Con relación a esta última figura, la conducta imputada quedó definida en los siguientes términos: “…haber conformado una organización, integrada por Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los Ángeles MERCADO, Lázaro Antonio BÁEZ, Martín BÁEZ, Leandro BÁEZ, Luciana BÁEZ, Cristóbal LÓPEZ, Fabián DE SOUSA, Osvaldo José SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Martín Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MARTÍN, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUEÑA, Norma Beatriz ABUIN, Víctor Alejandro MANZANARES, Alberto Óscar LEIVA y otras personas aún sin identificar, la cual comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de `Los Sauces S.A.` y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito”.- No puedo dejar de recordar que en la causa “Los Sauces”, Florencia Kirchner fue considerada como organizadora de la banda, sin repararse que al inicio de la supuesta maniobra delictiva ella tenía tan solo doce años. También, y utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo, el titular de este Juzgado inició una nueva investigación en contra de mi representada ahora por el delito de traición a la patria (Expte. Nº 14.305/2015) llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra exterior que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. También aquí se dispusieron múltiples detenciones, procesamientos infundados, embargos millonarios y prisiones preventivas. En esta ocasión, y con la clara y manifiesta intención de que mi representada no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le había conferido como Senadora de la Nación, el día 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de su banca- V.S. pidió su desafuero para proceder a su detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que mi representada carecía de fueros parlamentarios, V.S. jamás había pedido su detención, pese a haberla acusado en el marco de dos procesos de graves delitos (uno de ellos, el de asociación ilícita). Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado en la persecución desatada en contra de mi mandante, lo cierto es que en el Juzgado Nº 10 del fuero se desarrollaron otras investigaciones de similares características. En efecto, en primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. Según fue descripto en el requerimiento de instrucción formulado en esa causa, la asociación ilícita habría operado de la siguiente manera: “…se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios” (lo subrayado me pertenece). Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Dicha condición determinó que en marzo del año 2016 el expediente “Hotesur” (causa Nº 11.352/2014) fuera remitido al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. En este proceso mi representada ha sido procesada por el supuesto delito de lavado de activos en concurso real con el de asociación ilícita. Por otro lado, por razones de conexidad también tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016, a la que ya me refiriera (expediente de la “Obra Pública”). Aquí, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada en orden a los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- asociación ilícita. La imputación de este segundo delito quedó descripta de la siguiente manera: “Que se encuentra acreditado en autos en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada en el expediente, habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. En síntesis, como puede apreciarse, antes de que se iniciara el presente proceso ya existían tres expedientes por la misma imputación de asociación ilícita que se quiere investigar en estas actuaciones. Ergo, esta causa constituye el cuarto proceso en el cual mi defendida pasa a ser enjuiciada como presunta jefa de una misma organización criminal desarrollada mientras se desempeñó como Presidenta de la Nación entre los años 2007 y 2015. En resumen, el caso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner es un precedente que, a no dudarlo, resulta único en los anales de jurisprudencia de cualquier sociedad, no ya democrática, sino mínimamente civilizada. B. El caso Si bien las presentes actuaciones se encuentran al día de la fecha bajo secreto de sumario, la cobertura periodística brindada al proceso permite reconstruir su inicio y desarrollo. Veamos. 1. Según lo describió el periodista Diego Cabot en distintos artículos que fueron publicados en el diario La Nación, el 8 de enero de 2018 el nombrado habría tomado contacto por primera vez con las inscripciones que habría realizado el chofer Oscar Centeno en un anotador, seis cuadernos espiralados y un cuaderno azul de tapa dura, así como también con una serie de videos y algunas fotografías. El material en cuestión, según informó el periodista, se encontraba en una caja cerrada que habría sido entregada por el mismo Centeno meses antes a Jorge Bacigalupo con el encargo de que éste la mantuviera bajo reserva. No obstante ello, Bacigalupo se habría contactado con el periodista Cabot haciéndole entrega del material que tenía bajo su custodia, lo cual habría ocurrido en el domicilio del primero. A partir de aquí, siempre según el relato periodístico, Cabot habría convocado para el análisis del material recibido a dos alumnos de la Maestría en Periodismo de la Universidad Di Tella y La Nación, a saber, Candela Ini y Santiago Nasra. Ello, con el propósito de estructurar la información y volcarla en un informe periodístico. 2. Según explicó Cabot, el 8 de marzo Bacigalupo le reclamó la devolución del material que le había entregado. Ello así pues, Centeno, quien ignoraba por completo que la caja había sido abierta y su material entregado a terceros, exigía la devolución del mismo. Aparentemente a través de engaños, Bacigalupo dilató la devolución del material a Centeno, lo cual recién habría ocurrido el día 21 de marzo. Así lo relató Cabot, quien explicó que previo a devolver los papeles a Bacigalupo fotocopió y digitalizó sus originales. Luego, Bacigalupo se los habría devuelto a Centeno, quien no habría disimulado su disgusto al advertir que la caja en cuestión había sido abierta, retirándose de la casa del depositario infiel luego de haber discutido con éste. 3. El 26 de marzo, Cabot se habría reunido en un bar del barrio de Palermo con el fiscal Carlos Stornelli, a quien le habría relatado el trabajo que venía desarrollando. Luego, el 3 de abril el periodista habría visitado al fiscal en su casa para hablar más tranquilo y exhibirle lo que tenía. Ante un pedido del fiscal, el 10 de abril Cabot habría concurrido a la fiscalía del Dr. Stornelli, en la cual habría prestado declaración y entregado las copias que obraban en su poder, así como también una base de datos y la digitalización de todo el material. 4. Aparentemente, la declaración del periodista y el material recibido fueron incorporados a un legajo de investigación que tramitaba en el marco de la causa Nº 10.456/2014, públicamente conocido como el expediente de “gas licuado”. Luego, el 12 de junio del año en curso se habría ordenado la formación de un nuevo proceso con el material reunido, que fue registrado bajo el Nº 9608/2018. El expediente en cuestión quedó a cargo del mismo juez y del fiscal sin haberse realizado en este caso el sorteo de práctica. Esta información se desprende de los considerandos de la resolución dictada el 6 de agosto con motivo del planteo de recusación formulado por la defensa de Oscar Isidro José Parrili. Concretamente, se transcribió en dicha resolución lo que se habría consignado en el “Legajo de Investigación Nº 62” de la causa Nº 10.456/2014, ya mencionada, a saber: “`Desprendiéndose de las presentes actuaciones la presunta comisión de diferentes ilícitos que excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014, aunque participarían de los mismos por lo menos tres de las personas imputadas en dicha causa por lo que guardaría algunos puntos de conexión, es que corresponde ordenar la formación de una nueva causa en el incidente nº 62 (que consta de diez cuerpos de 2098 fojas), registrándose en el sistema informático de la C.S.J.N., ello con la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación y a la vez, no entorpecer el avance de las actuaciones registradas bajo el Nº 10.456/14, en las que existen personas indagadas y con auto de falta de mérito dictado por la Alzada` (fs. 2099 del principal)” (me pertenece lo subrayado). 5. Finalmente, Cabot relató en sus artículos periodísticos otras circunstancias relevantes, a saber: – El 19 de julio, a las 12, uno de los investigadores judiciales me llamó. Había una reunión urgente. Entré al edificio donde funcionan los juzgados federales en plena feria y de tarde. Éramos un puñado y el pedido que me hicieron fue concreto: si declaraba mi fuente, quien me entregó los cuadernos originales, los movimientos serían inmediatos. – Me tienen que dar tiempo para hablar, les dije. Me contestaron que nada pasaría la semana siguiente, pero que me iban a avisar después de que termine la feria judicial. – El plan era que yo lo contacte poco antes de que fuera arrestado Centeno, como para no permitir “que alguien toque la campana”, según me dijo uno de los investigadores. – El lunes 30 de julio recibí un llamado. “Avanzá lo antes que puedas”, me dijeron. Esa misma tarde, me comunique y quedamos en vernos el martes a las 8. Llegué 10 minutos tarde y Jorge Bacigalupo ya se había tomado un café en un barcito de avenida Lacroze casi Cabildo. A poco de hablar, aceptó. “Vengan a casa, los espero con café y medialunas”. – A las 14, Stornelli ya me esperaba abajo del domicilio cuando llegué. Subimos a su departamento. Nos sentamos en una mesa redonda los tres. Esta vez, la perra hizo migas con el fiscal. “Jorge, necesitamos que declare. Sería un gran aporte a la causa”, le dijo. – No anduvo con rodeos Bacigalupo. En ese momento, no bien tomó la decisión de testificar, Stornelli lo interrumpió: “Le tengo que informar que Centeno acaba de ser detenido”. – El fiscal no podía disimular la ansiedad de que prefería la inmediatez. Siguió la conversación sobre historias incomprobables y de pronto Stornelli, viejo zorro judicial, lo cortó. “Jorge, vamos ahora y de paso seguimos la charla”. Subieron al auto de la custodia y lo que vino después es la declaración que el testigo relató anteayer en LN+. 6. Descripto así el comienzo de la investigación, aparentemente se sucedieron los siguientes hechos: Tras la detención de Centeno, éste fue conducido al despacho del juez y, pese a encontrarse presente su abogado de confianza, no se le habría permitido al letrado reunirse con su cliente. Por lo visto, en esta circunstancia Centeno habría tomado la decisión de ser incorporado al programa previsto en la ley 27.304, así como también la de ser asistido a partir de aquí por el Defensor Oficial. De tal manera, ahora en el carácter de arrepentido, Centeno habría reconocido la autoría de los cuadernos en cuestión. Vale la pena destacar que, en rigor de verdad, lo que el imputado reconoció fueron simples fotocopias de tales instrumentos, pues los originales, tras meses de “investigación”, no habían sido aún buscados ni por V.S. ni por el fiscal. Ello derivó en que el fiscal, acompañado por el imputado, se trasladara hacia distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires en los que, según Centeno, podrían hallarse los cuadernos originales. Tal información era falsa, razón por la cual el arrepentido Centeno volvió a arrepentirse de su anterior versión, reconociendo ahora que los cuadernos ya no existían, porque él mismo los habría quemado. 7. Además de la detención de Centeno se dispuso la misma medida con relación a una serie de ex funcionarios y empresarios cuyos nombres aparecían en las fotocopias de los ya famosos cuadernos. En este punto, resulta insoslayable señalar los distintos criterios para la detención de empresarios que fueron utilizados. En algunos casos se detuvo a los presidentes de las empresas, en otros a los segundos en importancia jerárquica y en otros no hubo detenidos. La imputación efectuada en contra de todas estas personas consistiría en “integrar una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios de 2008 hasta noviembre de 2015 dirigida a organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse indebidamente y utilizar parte del dinero en la comisión de otros delitos”. Nuevamente se adjudicó a los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner el rol jefes de la presunta asociación ilícita. 8. Finalmente, debo mencionar que las personas que fueron sindicadas bajo la categoría de supuestos aportantes de fondos a la asociación ilícita recibieron un tratamiento procesal diferenciado: los que negaron formar parte de esta asociación o se abstuvieron de declarar quedaron detenidos; los que aparentemente negociaron con el fiscal y se arrepintieron (no queda claro de qué) recuperaron la libertad o, directamente, nunca fueron privados de la misma. Una mención particular merece el caso de Ángelo Calcaterra, primo del Ing. Mauricio Macri y ex dueño de empresas de la familia del Presidente de la Nación, quien se presentó voluntariamente en la sede del Juzgado el lunes 6 de agosto; supuestamente efectuó un relato como arrepentido y regresó a su domicilio sin mayores consecuencias. Tal declaración habría justificado que Sánchez Caballero, ex CEO de las empresas de la familia Macri, también fuera inmediatamente excarcelado. Aparentemente, según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con el Dr. Daniel Angelici –presidente del club Boca Juniors-, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión. C. Los motivos de la nulidad A mérito de los hechos descriptos en el punto anterior, saltan a la vista las graves irregularidades que habrían tenido lugar en el marco de este singular proceso, a saber: 1. Origen ilícito de la causa. a. Tal como lo dispone el art. 18 de la Constitución Nacional, los papeles privados resultan inviolables. Ello es una lógica derivación del derecho a la privacidad que surge del art. 19 de la Ley Fundamental. En línea con lo expuesto, el Capítulo III del Título V del Libro Segundo del Código Penal sanciona la violación de secretos. Concretamente, se trata de proteger aquella manifestación de la libertad individual prohibiendo la intromisión de terceros en la intimidad del sujeto pasivo o la comunicación de sus secretos a otros por parte de quienes -si bien tienen derecho a conocerlos o los han conocido lícitamente-, carecen del derecho de comunicarlos, ya sea porque efectivamente violan la esfera de reserva o porque crean peligro para ella (cfr. Creus, Carlos, “Derecho penal. Parte Especial”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983, Tº 1, pág. 352). De manera particular, el art. 153 del Código Penal reprime la conducta de quien se apoderare indebidamente de papeles privados, agravándose la conducta en caso de que el culpable comunicare a otro o publicare el contenido del referido material. b. Si los hechos que fueron relatados por Bacigalupo y Cabot resultan ciertos, claramente estamos en presencia de una acción ilícita que contamina el origen de este proceso. En efecto, el relato brindado por los nombrados es conteste en señalar que Centeno habría entregado una caja cerrada a Bacigalupo para que éste la mantuviera bajo resguardo. De tal manera, éste último asumía la condición de depositario, debiendo observar los deberes jurídicos a su cargo. Precisamente, incumpliendo con dichas obligaciones, Bacigalupo no solo habría abierto indebidamente la caja que debía resguardar, sino además le habría entregado el supuesto contenido de la misma a un periodista para que éste lo publicara. A esta altura, y siempre de acuerdo a los relatos publicados, los ya famosos “cuadernos” sólo habrían sido vistos por el Sargento retirado de la Policía Federal Bacigalupo y el periodista de La Nación Diego Cabot. La acción desarrollada por el depositario infiel fue llevada a cabo de manera intencional, toda vez que aquél no solo la ejecutó sin la autorización de Centeno, sino además le ocultó deliberadamente la maniobra, tal como él mismo lo reconoció. Además, Bacigalupo era consciente del riesgo al cual dejaría expuesto a Centeno, quien finalmente terminó siendo detenido en el marco de este proceso. c. Así las cosas, tal como lo afirma una pacífica jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, deviene inadmisible que se pretenda tomar como prueba un elemento que surge de un acto ilícito. Como ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Charles Hermanos”, “…auténticos o falsos dichos documentos, no pueden servir de base al procedimiento ni al juicio: si lo primero, porque siendo el resultado de una sustracción y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito o una pesquisa desautorizada y contraria a derecho, la ley, en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declara inadmisibles; si lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mérito alguno” (CSJN, Fallos 46:36). Por ende, corresponde declarar la invalidez de la prueba recogida y de los demás actos procesales que surgen como consecuencia directa e inmediata del acto inválido (art. 172, CPPN). 2. El fórum shopping a. Otra de las garantías básicas que hacen al debido proceso legal determina que el juez que interviene en un proceso debe revestir la condición de imparcial o, al menos, encontrarse fuera de cualquier situación que conduzca a un temor objetivo de parcialidad. Tal ha sido invariablemente el estándar fijado por los tribunales nacionales y los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos (conf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos; “Delcourt vs. Bélgica”, 17/1/1970, serie A, n° 11, párr. 31 y “De Cubber vs. Bélgica”, 26/10/1984, serie A, n° 86, párr. 24). En el caso de los representantes del Ministerio Público Fiscal, si bien la nota de imparcialidad no les resulta propia, la ley que gobierna su actuación determina expresamente que deben actuar de manera objetiva, hasta tal punto que en caso de no ajustarse a esa directiva deben inhibirse o pueden ser recusados por las partes (art. 9, ley 27.148 y art. 71, CPPN). En definitiva, se trata nada más ni nada menos que de garantizar que los órganos estatales encargados de perseguir y juzgar posibles delitos ejerzan los enormes poderes conferidos de manera legítima, sin abusar de ellos y fuera de toda sospecha. b. Precisamente, una de las formas de asegurar la garantía referida en el punto anterior consiste en observar estrictamente las reglas que han sido fijadas en materia de asignación de causas. Ellas determinan invariablemente que ni los jueces ni los fiscales pueden asumir intervención en un caso de manera discrecional. En este sentido, en el art. 6 de la acordada 37/2012 del 06/12/12 que regula el “Sistema de adjudicación de causas para el fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal”, dispone lo siguiente: “A los Juzgados que se hallaren en turno con Cámara se les asignarán mediante el sorteo correspondiente: (…) Inciso 2º: Denuncias recibidas directamente por los Jueces o los Agentes Fiscales, o testimonios que fueron extraídos a fin de que se investigue la eventual comisión de delitos advertidos en el marco de otras causas, que deben ser remitidos a la Mesa de Entradas de la Secretaría General del Tribunal al efecto que regula este artículo”. Ahora bien, tal como se relató anteriormente, por lo visto la directiva transcripta fue deliberadamente incumplida. En efecto, una vez obtenida la información y los papeles aportados por Cabot, ellos fueron incorporados sin mayores explicaciones en un legajo de investigación formado en el marco de la causa Nº 10.456/2014. Luego, como la nueva pesquisa desbordaba de manera manifiesta el objeto procesal de la primigenia causa, se resolvió formar un nuevo expediente el cual, sin sorteo alguno, quedó discrecionalmente radicado ante este mismo Juzgado. Según los considerandos de una resolución dictada por este Juzgado (publicada en el CIJ) se habría omitido realizar el sorteo de práctica en virtud de que existiría un supuesto de conexidad -aparentemente subjetivo- entre la nueva investigación de asociación ilícita y el delito que se persigue en la causa del “gas licuado”. c. Es más que evidente que, en base a los antecedentes expuestos, tal fundamentación resulta insostenible. Veamos. En primer lugar, como se reconoce en la mentada resolución, los presuntos delitos advertidos “excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014”. Es más, en dicho decisorio se refirió expresamente que la formación del nuevo expediente tiene “la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación”. En segundo término, el argumento de la conexidad subjetiva carece de la más mínima consistencia, máxime si éste se postula respecto de personas que tienen abiertas muchas otras investigaciones ante este mismo fuero, además, siempre por delitos vinculados al ejercicio de la función pública. Sin embargo, la cuestión que resulta definitoria para advertir la falacia de esta decisión reside, precisamente, en el objeto procesal que se ha fijado para la nueva investigación en la cual se describe por cuarta vez, y en relación a mi representada, la conducta de una supuesta asociación ilícita. Como ya se explicó, la misma hipótesis fáctica de asociación ilícita es objeto de pesquisa en otros sumarios (no en uno, sino tres), que son de conocimiento público y no pueden ser ignorados ni por el fiscal y, mucho menos aún, por el juez actuante. En efecto, V.S. instruyó la causa “Los Sauces” y ya dictó en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner un procesamiento en orden al delito de asociación ilícita que ahora, una vez más, vuelve a “investigar” en este sumario, recurriendo nuevamente a la técnica del expediente mellizo. Por si todo ello no bastara y como también ya se explicó, el magistrado en aquella causa se declaró incompetente para investigar esta supuesta maniobra delictiva, en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Por otra parte, el fiscal Stornelli también tomó intervención en la causa “Hotesur” y, por ende, tampoco puede desconocer que ese expediente fue remitido por conexidad al Juzgado Nº 10 del fuero, en el marco de la causa por asociación ilícita a la que ahora se denomina “causa madre”. d. En definitiva, es claro que estamos ante la presencia de un caso de “fórum shopping” que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural (art. 18, CN), así como también a las pautas que deben regir la actuación del Ministerio Público Fiscal (art. 120, ídem). Como enseña la más calificada doctrina, “son imaginables […] formas no disimuladas de creación de un tribunal ad hoc, inclusive por la misma autoridad del poder judicial, como cuando la integración del tribunal depende de la orden de funcionarios determinados o cuando, siguiendo, en principio, un método aleatorio, ese método puede ser o es modificado por una decisión particular” (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires 2004, 2ª edición, 3ª reimpresión, Pág. 766). Precisamente, en este caso, el método aleatorio establecido en la Acordada 37/2012 de la Cámara del fuero (art. 6) fue deliberadamente eludido, sin fundamento alguno. Ello determina una nueva nulidad absoluta que fulmina la validez de todo lo actuado (art. 167 del CPPN). Sostener lo contrario conduciría a que se sigan cometiendo mayores abusos, abriéndose, respecto a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, todos los procesos judiciales que puedan ser imaginados, tomándose siempre como base la misma imputación de asociación ilícita. 3. Otras graves violaciones al debido proceso legal. A partir de los hechos informados surge con total evidencia que la utilización de la “Ley del arrepentido” (ley Nº 27.304), en lugar de perseguir el esclarecimiento y la sanción de graves delitos, paradójicamente, habría resultado ser un instrumento eficaz para lo contrario. Veamos. a. El primer imputado ingresado al programa previsto por la ley Nº 27.304 fue el nombrado Centeno. Las circunstancias que rodearon a este acuerdo serían las siguientes: – Primero se habría desplazado a su abogado de confianza, Dr. Carlos Frontini, sin que resulte claro quién tomó esta decisión; esto es, si fue el propio imputado o si fue por voluntad del juez y/o del fiscal. – Luego, se habría mantenido a Centeno sin asistencia letrada dentro del Juzgado por un espacio de casi una hora, oportunidad en la cual habría sido persuadido de arrepentirse. Por lo visto, ello resultó eficaz y se logró que esta persona reconociera como propias las anotaciones obrantes en las fotocopias que le fueron exhibidas. b. Con relación a las demás personas que fueron detenidas con motivo del procedimiento inicial, su incorporación al sistema de la “Ley del arrepentido” resultaría también irregular. En efecto, tales imputados habrían sido colocados ante la disyuntiva de tener que corroborar los datos que aparecían en las fotocopias incorporadas al legajo y así recuperar su libertad o, de lo contrario, deberían permanecer detenidos hasta que cambiaran de postura. Tal procedimiento infringe una de las garantías esenciales que hacen al debido proceso legal, conocida como la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Como señala Maier, “para que las manifestaciones del imputado representen la realización práctica del derecho a ser oído, como parte integrante del derecho a la defensa, la Constitución Nacional ha prohibido toda forma de coerción que elimine la voluntad del imputado o restrinja la libertad de decidir acerca de lo que le conviene o quiere expresar. Esta es la verdadera ubicación sistemática de la regla que prevé que ‘Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo’ y suprime para siempre ‘toda especie de tormento’ (CN, 18), constituyendo al imputado, como órgano eventual de información o transmisión de conocimiento, en un sujeto incoercible del procedimiento” (conf. “Derecho Procesal Penal Argentino”, Ed. Hammurabi, Tº 1, Vol. b, Fundamentos, Bs. As. 1989, pág. 330). c. Una mención particular merece la situación de Ángelo Calcaterra. Concretamente, distintas fuentes periodísticas han dado cuenta, como ya se explicó, de los pormenores que habrían rodeado su incorporación al programa previsto en la ley 27.304. Ello resulta así pues, además de la particular interpretación acordada a la figura del arrepentido, se le sumaría ahora una indebida interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en el trámite de este proceso. La gravedad de los hechos anoticiados requiere que se lleve a cabo una minuciosa investigación en este sentido, ya que podríamos estar en presencia de delitos de acción pública. IV.- Conclusión Como se ha explicado, desde hace más de dos años y medio, mi representada viene siendo sometida a una múltiple persecución. Pese a tal injusta situación, la nombrada en todo momento se ha mantenido a derecho, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones procesales que le fueran impuestas, incluso aquellas que han revestido un carácter claramente abusivo en su contra. Ahora, en el marco de este expediente, iniciado de una manera claramente irregular, se pretende volver a perseguirla por la misma conducta que ya es materia de investigación en otros tres procesos que tramitan por ante este fuero, esto es, la supuesta asociación ilícita que se habría conformado en el seno de los gobiernos nacionales que se extendieran desde el año 2003 hasta el año 2015. A ello se suma que el nuevo proceso quedó radicado ante este Juzgado sin que se llevara a cabo el sorteo previsto en el reglamento de asignación de causas, dando lugar a un inequívoco caso de fórum shopping. Las enormes expectativas que se han originado a partir de la amplia difusión que han tenido estas actuaciones exigen extremar todos los recaudos para que su trámite se ajuste a las pautas constitucionales y legales vigentes. Ya han existido en la justicia federal investigaciones que se iniciaron de una manera impactante y que, en la etapa del juicio oral, terminaron siendo un papelón mayúsculo. Por ende, resulta imprescindible que en esta misma instancia se meritúe la validez de todo lo actuado, se lleven a cabo las correcciones procesales pertinentes y se conduzca una investigación seria, objetiva e imparcial, a efectos de esclarecer los hechos denunciados; precisamente, lo mismo que mi asistida viene reclamando desde hace dos años. V. Prueba A efectos de acreditar los extremos fácticos relatados solicito que se practiquen las siguientes diligencias: 1. Se incorpore como prueba documental los recortes periodísticos que se acompañan a esta presentación. 2. Se libre oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 a efectos de que remita copia certificada del Legajo Nº 13 formado en la causa Nº 5048/2016, con motivo de la solicitud de readecuación de objeto procesal de dicho expediente. 3. Se cite a prestar declaración testimonial a todos los periodistas que suscriben las notas acompañadas como Anexo I. 4. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Norberto Frontini a efectos de que deponga en relación a la asistencia profesional que brindara a Oscar Centeno, en particular, el día en que fuera detenido en el marco de este proceso. 5. Se invite a prestar declaración a Oscar Centeno a efectos de que, de ser su voluntad, exponga las condiciones en las que fue incorporado al programa previsto en la ley 27.304. 6. Se invite a prestar declaración a los imputados que permanecen detenidos en autos y que no se han incorporado al programa referido. Ello, a efectos de que, de ser su voluntad, expongan las circunstancias del caso. En cuanto a las declaraciones indicadas en los últimos dos puntos, mi parte habrá de sugerir que se formulen una serie de preguntas sobre los hechos en cuestión, aportando oportunamente los pliegos correspondientes. 7. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Daniel Angelici a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Ángelo Calcaterra al programa previsto en la ley 27.304. 8. Se cite a prestar declaración testimonial al Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, a los mismos fines indicados en el punto precedente. 9. Se libre oficio a la Policía Federal Argentina a efectos de que se obtengan los registros fílmicos de ingreso y egreso, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita identificar las personas que visitaron desde el 8 de enero del corriente año hasta el día de la fecha, los siguientes lugares: i) la residencia de Olivos, sita en Av. Maipú 2100, Olivos, provincia de Buenos Aires; ii) la sede del Poder Ejecutivo de la Nación (casa rosada) sita en Balcarce 50, Capital Federal; iii) la sede de la Agencia Federal de Inteligencia, sita en 25 de mayo 11, Capital Federal; iv) la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sita en Sarmiento 329, Capital Federal. A todo evento, mi parte se reserva el derecho de ampliar las diligencias de prueba requeridas. VI.- Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1. Se tenga por efectuado en tiempo y forma este planteo de nulidad. 2. Se corra vista a todas las partes interesadas. 3. Se practiquen las diligencias probatorias propuestas. 4. Se haga lugar a este planteo y, en consecuencia, se adopten las medidas procesales reclamadas. 5. A todo evento, se tengan presentes las reservas efectuadas. Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.