La jefa de Estado realizó el anuncio a través de la Cadena Nacional. Además convocó a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1ro. de febrero para tratar el proyecto, que contemplará la creación bancos de protección de datos y archivos, mayores penalidades para quien intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo, penas para los funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por fuera de las dos máximas autoridades de la Agencia y la transferencia a la Procuración del Sistema de Observaciones Judiciales. Se establece un plazo no prorrogable, que no podrá ser mayor a 90 días, para que entre en vigencia de la norma.
En su alocución, la primera mandataria recordó que tanto su gobierno, como su antecesor, encabezado por Néstor Kirchner, abordaron decididamente terminar con la impunidad sobre dos hitos históricos que permanecieron por años como deudas pendientes de la democracia: los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y el esclarecimiento de los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994. "El compromiso de nuestro gobierno fue combatir esa impunidad", remarcó.
La Presidenta destacó los avances logrados sobre el primer punto, pero lamentó que sobre los ataques a la embajada y la mutual judía no haya aún "ni un solo condenado, ni siquiera un solo detenido".
Por eso recordó el día 13 de septiembre de 2004, días después del fallo que declaró la nulidad de todo lo actuado en el caso AMIA, se creó la Unidad de Especial de Investigación de este ataque, y que su cargo se designaron a los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Antonio Burgos, en una resolución firmada por autoridades de la Procuración General de la Nación, y no por el ex presidente Néstor Kirchner, como fue consignado por algunos medios de comunicación en los últimos días.
También recordó que a partir de los datos recabados por esa Unidad se procedió a la realización de sucesivos reclamos ante Naciones Unidas para que la República Islámica de Irán permita tomar declaración a los ciudadanos de ese país imputados por el ataque. Esos pedidos fueron realizados ante las Asambleas de la ONU de los años 2007 a 2012. "Esto evidencia la voluntad de nuestro gobierno de esclarecer" los hechos, afirmó Cristina Fernández.
Recordó que tras esos pedidos, Irán mantuvo su intransigencia, pero se manifestó por primera vez dispuesto a discutir el tema a partir del tratamiento de un Memorándum de Entendimiento para lograr que los ciudadanos iraníes imputados pudieran prestar declaración ante un magistrado argentino en su país. Esa medida permitiría sacar a la causa de su estancamiento, dijo, dado que en nuestro país no puede haber juicio en ausencia. Y agregó que en ningún momento ese procedimiento supuso el levantamiento de las alertas rojas libradas sobre ellos por Interpol, medida que aún hoy tiene plena vigencia y que sólo puede ser levantada ante el pedido de un juez. "En la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio", señaló.
Recordó que el Memorándum obtuvo aprobación del Congreso en nuestro país, no obstante lo cual, posteriormente un magistrado declaró su inconstitucionalidad, con lo cual, los posibles avances quedaron truncos.
Como muestra del compromiso del Ejecutivo en el esclarecimiento de los atentados, también recordó que se dispuso la apertura de todos los archivos de organismos de inteligencia que actuaron en el caso, y el relevo del secreto para los agentes de esas instituciones del Estado. "Nadie puede dudar la honestidad intelectual de todo lo que hicimos", consideró.
Pero señaló que a partir de la presentación del Memorándum comenzaron a proliferar operaciones de todo tipo contra el Ejecutivo. "Se presentaron una serie de denuncias contra esta Presidenta de lo más insólitas", indicó. Y agregó que la situación se agravó más a partir del desplazamiento de la Secretaría de Inteligencia de muchos agentes que actuaron en la causa.
La reforma del Sistema de Inteligencia
Tras esta descripción, la Jefa de Estado anunció que enviará al Congreso antes de su viaje a China un proyecto de ley para reformar el sistema de inteligencia nacional, que contemplará la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Este nuevo organismo será conducido por un director general y un subdirector, que requerirán acuerdo del Senado para ocupar sus cargos. "En esta nueva ley se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes a los vigentes", señaló.
Entre los puntos más destacados anunciados por Cristina Fernández están:
• La creación bancos de protección de datos y archivos
• La imposición de mayores penalidades para quien intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo
• La aplicación de penas para los funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por fuera de las dos máximas autoridades de la Agencia
• La transferencia a la Procuración del Sistema de Observaciones Judiciales.
• La transferencia de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad a este nuevo organismo
Además señaló que se establece un plazo no prorrogable, que no podrá ser mayor a 90 días, para que entre en vigencia de la norma.
Sobre la denuncia de Nisman
La Presidenta también se explayó sobre la denuncia presentada en contra de ella y del canciller Héctor Timerman por el fiscal Alberto Nisman. Al respecto, sostuvo que "no hay un solo abogado que, una vez que se conoció la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado, mucho menos por un fiscal" y que "no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir con un tratado internacional aprobado por el Congreso".
También dio datos sobre el comercio entre la Argentina e Irán que de por sí desmienten las presuntas maniobras denunciadas en su momento por Nisman y recordó que los supuestos agentes denunciados por el fallecido fiscal no pertenecían a ningún organismo de inteligencia.
Luego describió la vinculación entre la última persona que vio con vida al fiscal, Diego Lagomarsino, quién además declaró que le acercó el arma de dónde provino el disparo que le quitó la vida a Nisman, con un integrante de un reconocido estudio jurídico. "Es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saenz Valiente", señaló la Mandataria. Y recordó que ese estudio es socio del Grupo Clarín.
Señaló que Diego Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el 14 de enero, día en el que el fiscal Nisman presentó su denuncia, pero el mismo aún no ha sido autorizado.
Se puede llegar a la justicia
Finalmente, la Presidenta sostuvo que "no hay que pensar que no es posible investigar y saber lo que pasó", y puso como ejemplo el accionar judicial que en su momento permitió esclarecer otro hecho que conmocionó a la opinión pública, como lo fue el crimen del militante Mariano Ferreyra.
"Recuerdo que cuando la familia (de Mariano Ferreyra) vino a verme me preguntaron si iba a proteger a alguien, y yo le dije que no estaba casada con nadie, que la única persona con la que estaba casada ya no estaba más", señaló, tras lo cual elogió el trabajo de la jueza Vilma López y la fiscal Cristina Camaño en aquel caso. "Es posible, cuando se pone la justicia a investigar en serio, encontrar a los responsables y a los culpables", aseguró.
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