En un mensaje por la Cadena Nacional, la presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley para para "abrir por tercera vez el canje de la deuda a ese 7 por ciento que no ha ingresado para demostrar una vez más la profunda vocación que tiene la Argentina" para honrar sus compromisos. Asimismo, informó que los que aceptaron el canje recibirán títulos pagaderos en la Caja de Valores de la Argentina para que no puedan ser embargados.
La presidenta Cristina Fernández señaló que “el viernes pasado la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo del juez Griesa que le da la razón a los fondos buitres”. Indicó que esos fondos “son conocidos porque son los que embargaron la Fragata Libertad en Ghana” y otros activos del país como el avión presidencial, embajadas u otros fondos estatales.
La Jefa de Estado explicó que busca dar a dar a conocer “no sólo a la opinión pública, sino también a aquellos tenedores de bonos que han confiado en la Argentina, es que este fallo de la Cámara de Apelaciones ignora este acuerdo que hemos tenido con el 93%” de los bonistas. Además, remarcó que ignora la soberanía del país, ya que según la Constitución Nacional “la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solo se puede realizar bajo su autorización”.
Al referirse al problema de la deuda, la Primera Mandataria puntualizó que el 31 de diciembre de 2001 Argentina defaulteó bonos por un total de 81.836 millones de dólares. Explicó que el 49% de esto habían sido contraídos entre 1989 y 1999, el 51% restante fue contraído entre 1999 y el momento de declararse el default.
Cristina Fernández recordó que “cuando en 2003 el presidente Kirchner asume, encara el problema de la deuda, que es un problema que proviene desde el 24 de marzo de 1976, se ve agravado en la Convertibilidad y eclosiona en 2001”. “Hasta ese momento era endeudamiento permanente, el lema era “pagar para crecer”; él sostenía que teníamos que “crecer para pagar””.
Afirmó que la deuda “constituía una severísima restricción a la economía argentina”. Resaltó que Néstor Kirchner “en la asamblea de la ONU encaró este tema de la deuda externa y sostuvo que era necesario que el mundo entendiera que nos debían dejar “crecer para poder pagar, porque –expresó- los muertos no pagan las deudas””.
La Presidenta sostuvo que “desde 2003 a la fecha, se hicieron importantes pagos, basados en importantes reestructuraciones”. Afirmó que “fue una negociación dura, larga”, durante la cual el primer banco que actuó en la reestructuración se retiró, y finalmente se tomó como fiduciador al Banco de Nueva York.
Señaló que “ese primer canje, en el que muy pocos confiaban terminó reestructurando 76% de la deuda soberana, con la quita más importante que se tuvo en la historia”. “La podemos cuantificar en más de 47 mil millones de pesos: es la totalidad de la AUH, es la totalidad de las mas de 2.000 escuelas que se construyeron desde 2003 a la fecha y el total de las viviendas que se construyeron en el mismo periodo”, enumeró.
La Jefa de Estado afirmó que “durante el momento de endeudamiento la Argentina pagaba tasas exorbitantes en dólares, acá se pagaban tasas de dos dígitos”. Por ello, resaltó que se tomó el argumento de que “debían ser riesgos compartidos” entre el país y los bonistas.
Sostuvo que a partir de aquella reestructuración “surgió el problema de los holdouts”, que eran los que no habían entrado en el canje. Reconoció que “había mucha gente que no creía en una Argentina que no pagaba sus deudas”. “Nosotros quisimos generar más fe, y creamos el cupón de crecimiento, de manera de asociar a los bonistas en el crecimiento del país”, enfatizó.
Recordó entonces que en 2010 “volvimos a abrir el canje y llegamos la a cifra récord de aceptación de 93%” de adhesión. Esta cifra, señaló, fue alcanzada debido a que “ya había más confianza porque ya se había pagado deuda en el Banco de Nueva York y en el país”. Recordó entonces la exitosa gestión del actual ministro de Economía y Finanzas, Hernán Lorenzino, al visitar diversos países de Europa y Asia para incorporar bonistas a la transacción.
En ese marco, sostuvo que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York “es un poco injusto con la Argentina” al afirmar que el país es un “deudor recalcitrante”.
La Argentina, señaló la Mandataria, ha pagado entre 2003 y 2012 la cifra de 173.733 millones de dólares; 41.044 dentro del propio sector público nacional y 81.487 millones de dólares al sector privado extranjero y nacional, tenedores de bonos argentinos. Y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Argentina de Fomento, 52.201 millones de dólares.
“Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales”, sostuvo la Jefa de Estado, y agregó: “Además, existe un aditamento, dado que lo hemos hecho con recursos genuinos logrados a partir de la administración de comercio y los recursos del Estado sin acceder al mercado de capitales”.
Por otra parte, recordó que en el año 2003 el ratio de deuda externa alcanzaba el 150% del PBI representado en moneda extranjera. En la actualidad, ese porcentaje cayó a “algo menos del 10% PBI”, señaló.
“Y en pocos días más vamos a pagar el BonAr 07, con un monto que alcanza los 2.000 millones de dólares”. Tras ese pago, que se efectuará el próximo 12 de septiembre el ratio de deuda pasará a ser del 8.3% del PBI nacional, indicó. La Mandataria remarcó que este ratio es más bajo que el de los países más desarrollados, y el menor del de los países de la región.
Nuevo canje
En ese marco, Cristina Fernández anunció que el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para evitar que sobre el país penda “una espada de Damocles”. La primera de ellas, es la de remitir al Congreso nacional un nuevo proyecto de ley para abrir por tercera vez el canje de la deuda, con el fin de incorporar al 7% de los bonistas que no ingresaron en las anteriores dos oportunidades.
“El Parlamento es el único capacitado para tomar una decisión sobre la deuda externa, porque el Poder Ejecutivo solo actúa como negociador”, explico, para agregar en seguida: “Queremos una vez más demostrar la profunda vocación de asumir los compromisos la República Argentina”.
Por otra parte, anunció también que desde la Administración central “hemos tomado la decisión de salvaguardar a quienes han confiado en la República Argentina, y que vienen cobrando desde 2005 y 2010, haciendo un reemplazo de títulos por la misma moneda, pero cambiando el lugar de pago, que pasará a estar en la Caja de Valores, en la República Argentina”, a fin de evitar cualquier posibilidad de embargo.
La Mandataria además manifestó: “Quiero pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos” porque la convalidación del fallo de la Corte de Nueva York “tiraría abajo” todos los antecedentes legales referidos a las quiebras e invalidarías otras reestructuraciones de deudas soberanas.
Además, recordó que los fondos buitres representan sólo el 0,45% de la totalidad de los tenedores de bonos caídos en default en 2001. Y que adquirieron esos papeles en 2008 a bajísimos precios. En caso de convalidarse el fallo de la corte neoyorquina, “su ganancia sería de más de 1300 %, algo que carece de lógica y sentido común”, aseveró.
Por eso, indicó que “la decisión que tome la Suprema Corte de Estados Unidos no solamente influirá en la Argentina, sino en todo el mundo financiero”.
La Presidenta ratificó la seguridad con que contarán los bonistas que cobren sus fondos en el país, al explicar que Argentina ya canceló los Boden 12 que fueron los bonos que Argentina emitió para pagarles a los que habían sido atrapados por el corralito. “El gobierno argentino ya ha cancelado totalmente esa deuda que fue de 19.600 millones de dólares, con títulos emitidos con legislación local, en los plazos que habían sido estipulados”, afirmó. Asimismo, comentó que en los próximos días el Estado argentino pagará “el Bonar 7, 2.000 millones de dólares, en denominación local y pagaderos en la caja de valores”.
Por ello, señaló que “la certeza y la seguridad jurídica no sólo emana de nuestra convicción de hacer pagar a las obligaciones, sino también a los hechos objetivos, concretos, que hemos protagonizado, pagando títulos aquí en Argentina”.
La Jefa de Estado sostuvo que sería “disparatado” hacer lo que piden “algunos sectores que dicen que no hay que pagar nada”. Aseguró que la inmensa mayoría de los argentinos considera que se debe “seguir garantizando el crecimiento de la Argentina en un marco de seguridad jurídica y de hacerse cargo de las obligaciones”.
La Primera Mandataria dijo que quería dirigirse “a los que han confiado en la Argentina, al resto del mundo financiero y especialmente a las autoridades de Estados Unidos, a su Corte”, porque estimó que de confirmarse el fallo de la Cámara de Apelaciones se estaría “infringiendo un severo golpe a la seguridad jurídica, en un momento muy grave para el mundo”. Y rechazó el hecho de que “un 0,45% hoy quiera malograr lo que hemos logrado en materia de crecimiento, de pago de deuda, de aporte al mundo”.
En respuesta a los que critican al Gobierno nacional por referirse al pasado, Cristina Fernández sostuvo que “este viernes pasado se ha comprobado que el pasado siempre está a la vuelta de la esquina”. “Basta que alguien cometa una equivocación o que tenga otros intereses, para que las cosas que tanto nos ha costado lograr en los últimos años, finalmente se malogren”, remarcó.
Afirmó que el objetivo debe ser “tratar de evitar volver a cometer los errores que hemos cometido los argentinos”. “Me involucro yo también pese a no haber formado parte de ningún gobierno endeudador, pero sí me siento responsable por los argentinos que me han elegido”, indicó.
La Presidenta hizo “un llamado a la razonabilidad y al sentido común”, para que un 0,45% no “pueda poner en riesgo a un 93” que aceptó el canje de deuda. “Estamos al frente de la nave, la vamos a conducir a buen puerto. Y tenemos esperanzas en que los argumentos primen sobre los fuertes lobbys que hemos visto en los últimos días”, enfatizó. Por último solicitó “responsabilidad” a los que tienen en sus manos impartir justicia.
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